El BCE garantiza la colocación de casi la mitad de la deuda española

La prolongación del parón de parte de la economía hasta final de año inquieta al mercado

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¿Podrán España e Italia salir por si mismas de la crisis económica en la que las ha sumido el coronavirus? ¿Podrán financiar la deuda necesaria para mantener ahora las constantes vitales de la sociedad y la recuperación económica después? Los inversores en los mercados de deuda creen que no y tan sólo un sorpresivo anuncio europeo aportando recursos mancomunados podría hacerles cambiar de opinión.

Así lo pusieron de manifiesto nada más comenzar la tormenta, en los primeros días de marzo, cuando los intereses de la deuda del Reino de España y la República italiana comenzaron una empinada escalada que sólo pudo revertir una reunión de emergencia del Banco Central Europeo (BCE), de la que resultó el anuncio de compras adicionales de 750.000 millones de euros.

Desde el otro lado, las tribulaciones de los presidentes de los dos gobiernos afectados, Pedro Sánchez y Giuseppe Conte, con el apoyo del presidente francés, Emmanuel Macron, siguiente en la lista de países problemáticos, para cambiar la voluntad de sus colegas europeos, delatan que también ellos han alcanzado similar conclusión.

LAS EMISIONES

En el peor escenario, el Tesoro podría llegar a emitir hasta 350.000 millones este año

Enfrascados en un pulso político para arrancar un compromiso financiero de la Unión Europea, para que no cargue sobre sus espaldas nuevas montañas de deudas. La alternativa, en caso de derrota política, será alguna modalidad de rescate. Políticamente tóxico para los líderes afectados; económicamente para los ciudadanos de sus países, hundidos bajo una deuda que lastrará el futuro de varias generaciones. Y para el propio proyecto europeo y la viabilidad de la moneda única. El próximo episodio, el próximo jueves en la cumbre de los líderes de la UE.

La campaña del BCE para calmar los mercados ha tenido un éxito relativo. Dos semanas, mal contadas, después de su luminoso anuncio, las tensiones han vuelto a aflorar. Ciertamente, con menor dramatismo que en el embate anterior. Aunque la subida del coste de la deuda es más suave, la tendencia al alza se mantiene, alimentada por la expectativa de que la cuantía de las emisiones se va a disparar. Sobre todo, pero no sólo, en el caso de Italia, con 40 puntos más de deuda en relación con el PIB que España. Y eso pese al renovado entusiasmo comprador del BCE, superior al de cualquier episodio anterior.

En realidad, por muy disuasorios que puedan parecer los 750.000 millones puestos en juego por el BCE, su efecto debe compararse con las necesidades de financiación de ambos países cuando los inversores ya no están dispuestos a quedarse las nuevas emisiones.

COMPARACIÓN EUROPEA

España está a la cola entre los grandes del euro en estímulos fiscales a la economía

Sólo acompañan al regulador los bancos de los dos países, que siguen teniendo en esas emisiones una fuente de beneficio sin complicaciones de gestión ni de riesgo. Obtienen el dinero para las compras del BCE y a tipos de interés negativos. Después, los mismos títulos de deuda recién adquiridos les sirven como garantía ante el organismo que les ha financiado. Una golosa compensación por los bajos tipos de interés y el endurecimiento de la regulación bancaria.

Las compras mensuales del BCE se sitúan en torno a los 140.000 millones de euros, con lo que el nuevo paquete daría para unos cinco o seis meses. Hasta el arranque del otoño. Y eso sin tener en cuenta que el ritmo de adquisiciones se está acelerando y algunas fuentes estiman que sólo en las últimas dos semanas la cifra ya ha alcanzado los 85.000 millones.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, explicó en una entrevista con La Vanguardia que las nuevas compras de deuda pública española a cargo del conjunto de programas de la entidad alcanzarán los 120.000 millones, a los que habrá que sumar otros 35.000 más por los vencimientos que se renovarán de manera automática.

Pero las emisiones de este año, como consecuencia de la crisis podrían enfilarse, en el peor de los casos, hasta situarse en el entorno de los 350.000 millones, incluyendo tanto nueva deuda como vencimientos. Es decir, el bazooka del BCE alcanza a cubrir prácticamente la mitad de las emisiones posibles del Tesoro. “No está nada mal”, apuntalan desde fuentes cercanas al diseño de políticas monetarias. La otra mitad quedaría para inversores y bancos. Esta es la dimensión del abismo que se podría abrir en los próximos meses. Y del que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, intenta alejarse todo lo posible.

INGRESO VITAL

Tras un debate en apariencia técnico se mantiene una divergencia de políticas

El crecimiento de la deuda se explica tanto por los gastos sobrevenidos –desempleo, ayudas a empresas y trabajadores, sistema sanitario y un largo etcétera– como por la caída de los ingresos –caída de beneficios y del impuesto de sociedades, IRPF de los asalariados, menores cotizaciones a la Seguridad Social, impuestos sobre el consumo de gasolina y el IVA sobre el consumo–, consecuencia todo ello de la crisis.

Y tras la admisión oficial, a través de su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que el bloqueo de la actividad se extenderá parcialmente varios meses más, hasta final de año en algunos sectores relevantes, el Gobierno deberá plantearse cómo financiará un plan de emergencia para más tiempo del inicialmente previsto.

La tensión entre la necesidad urgente de dar cobertura a empresas y ciudadanos con acuciantes problemas económicos y la opción por una respuesta dosificada está incubando las diferencias entre dos sectores del Gobierno.

En los últimos días, esta división ha aflorado sobre todo por el calendario de aplicación del ingreso mínimo vital, una medida que podría elevar el desembolso público en un mínimo de 3.500 millones de euros, una vez se asuma que el parón económico va a durar hasta que acabe
el año.

CONFIANZA

Una parte del Gobierno cree que la política del BCE evitará las tensiones

A favor de su aplicación inmediata se han manifestado el Banco de España y el BCE, así como las organizaciones sociales y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Este ha asegurado que cuenta con el apoyo del propio presidente, pero la implementación del ingreso vital sigue sin fecha, a la espera de que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, finalicen los estudios sobre su aplicación práctica y su coste financiero.

Un peligroso aplazamiento, derivado de una aparente discusión técnica que es en realidad política, a medida que pasan los días y amplios núcleos de población siguen sin percibir ingresos.

Y la evolución a corto plazo de la situación económica no va a contribuir a reducir esas divergencias entre el equipo económico, encabezado por Calviño, y Montero, partidarias de contener el gasto, a la espera de alguna hipotética aportación balsámica de Europa, por un lado; y el ya mencionado Iglesias y Díaz, defensores de medidas de choque en todos los frentes, por el otro. Al contrario.

Llegados a este punto, y con la política del Ejecutivo centrada en aplazar las grandes decisiones de gasto, no es extraño que España aparezca en la cola entre los grandes de la eurozona en cuanto a medidas de estímulo fiscal, con un 0,7% del PIB. Muchos avales y poca inyección monetaria directa, efectiva, es la crítica más frecuente.

TENSIÓN

Pese a la intervención, la inquietud se mantiene en los mercados de deuda

Los ministerios más críticos con esa orientación creen que el sostén del BCE permite ser más audaz en los compromisos de gasto y la emisión de deuda y, a cambio, se salvarán miles de empresas y se asegurarán las condiciones materiales básicas de la población. Los próximos meses serán decisivos para ver quién tiene la razón.

En otras economías, la evolución es similar. Este es el caso, por ejemplo, del Reino Unido. El responsable del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, defensor hasta hace unos días de que habría recuperación en V, ahora la descarta y advierte al Gobierno de que deberá hacer más esfuerzos. Para las empresas, recomienda avales públicos de hasta el 100% para las pymes que pidan préstamos hasta unos 30.000 euros y avanza que para los casos de las corporaciones de mayor tamaño, sus necesidades no serán de crédito sino de capital. El fantasma de las nacionalizaciones.

Precisamente, los empresarios también están elevando el tono de sus quejas. En cuanto a las líneas de avales, aseguran que no llegan. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se ha quejado estos días de que “los avales se otorgan con cuentagotas, entre otras cosas por el burocrático funcionamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO), especialmente para las empresas pequeñas y medianas”. Prácticamente no hay frente o sector en el que no se planteen más necesidades de ayuda estatal.

La onda expansiva de la pandemia ha desplazado los marcos por los que hasta ahora discurría la política española. Un fenómeno exógeno, el impacto sanitario de un virus, y sus problemas, una topografía que puede catapultar la popularidad de un gobierno pese a la desgracia, si su gestión está a la altura del desafío, se ha transformado ya en una profunda recesión económica, por definición una amenaza letal para la supervivencia de cualquier ejecutivo en ejercicio.


Fuente: LAVANGUARDIA